Mientras no seamos capaces de identificar claramente los límites entre lo legal y lo ilegal y no recuperemos la confianza en las instituciones y en la Justicia, seguiremos condenados a caminar con la violencia.

Nelson Enrique Restrepo R. | Publicado en El Colombiano. el 9 de septiembre de 2010

Complejo legado nos dejan tantos años de violencia: personas y comunidades ante la evidencia de un Estado débil buscan en las bandas, los combos y las oficinas, la seguridad y la justicia que el Estado no puede monopolizar y proveerles.

Una trampa de violencias alimentada de forma permanente que labra día a día la repetición de la muerte.

En un cementerio de un corregimiento del Magdalena Medio puede leerse en la lápida de un paramilitar enterrado, un epitafio de agradecimiento a quien con su lucha y labor dio la vida por la seguridad y bienestar de los pobladores de ese terruño olvidado. Una postal para la memoria del conflicto de una comunidad que en 2007, en el acto de la desmovilización de las autodefensas a cargo de Ramón Izasay Macgiver , le pedían a voz en cuello al Alto Comisionado no dejarlos indefensos.

Otra postal. En una asamblea ciudadana en San Carlos, en 2008, un excombatiente de las autodefensas con voluntad de quedarse en la civilidad le rogaba a la comunidad reunida no buscarlo para resolver los conflictos cotidianos: "he renunciado a la violencia y estoy cansado, no me busquen, busquen a las autoridades", les decía.

Hoy, cinco años largos después de la desmovilización de las autodefensas, la escena sigue su reproducción. Informan los medios de comunicación que grupos de vecinos en la comuna 13 han salido a defender con machetes, palos y piedras, a los jóvenes del combo que les da seguridad de los ataques de los otros combos, del Ejército y la Policía que han enviado las autoridades públicas. Una respuesta quizá espontánea y, en todo caso, desesperada que configura una modalidad de autodefensa.

Una constante de estas escenas es la legitimidad que las personas y comunidades les han otorgado a los grupos armados ilegales para que administren seguridad y justicia. Esto es una lección enorme a una sociedad indiferente e impotente con las víctimas y los victimarios, una herencia maldita que dificulta la reinserción de los excombatientes, hace utópica la no repetición de la violencia y la consolidación de la paz.

Tienen razón quienes ponen al centro del debate de la solución del conflicto armado colombiano y la superación de las violencias, el cambio de la cultura de la ilegalidad y el fortalecimiento de una institucionalidad democrática capaz de hacerse confiable a los ciudadanos. La principal esperanza con que contamos es la posibilidad de fortalecer el Estado colombiano, los gobiernos locales, aprovechar las experiencias de las organizaciones de la sociedad civil, la academia y los medios de comunicación para trabajar en este cambio cultural con perspectivas de transformación en el largo plazo.

Para que el Estado se vuelva confiable hay que trabajar mucho más. Mientras las comunidades atormentadas por las barbaries de grupos armados perciban como corruptas a la autoridad pública que tiene la misión constitucional de prestar seguridad; mientras la sociedad en su conjunto e inclusive las autoridades locales no confíen en la administración de justicia; mientras se mantengan los nexos de los políticos con las bandas criminales, los paranarcos y unos y otros tengan planes de acceder al poder político; en fin, mientras no sea legible el límite que marca la diferencia entre lo legal y lo ilegal en temas de seguridad y justicia, seguiremos condenados a esta tragedia.

Si las Farc y el Eln se desmovilizaran mañana, casi nada pasaría en Medellín y en las ciudades; los futuros excombatientes narcotraficantes encontrarían un clima social, cultural e institucional fértil para florecer como una amapola. Pasado mañana estaríamos aún perdidos en las trampas de la ilegalidad.